El Salvador recibe 138 millones del FMI tras lograr exenciones por su política de Bitcoin

El Salvador recibió 138 millones de dólares del FMI tras aprobarse exenciones por su política de Bitcoin, aunque el organismo insiste en reducir el rol estatal en la criptomoneda.

El Salvador recibió un desembolso de 138 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI) luego de que el organismo aprobara una serie de exenciones vinculadas a su política de Bitcoin. El giro llegó tras concluir la segunda y tercera revisión del programa de financiamiento que mantiene el país centroamericano con el organismo multilateral.

El desembolso forma parte del acuerdo de Servicio Ampliado del FMI (EFF, por sus siglas en inglés) firmado a comienzos de 2025, un mecanismo de crédito a mediano plazo pensado para países que necesitan reformas estructurales. Según el comunicado oficial del organismo, el país cumplió con los compromisos pactados, lo que habilitó la liberación de los fondos.

Qué implican las exenciones por Bitcoin del FMI a El Salvador

Las exenciones por Bitcoin del FMI a El Salvador reconocen que algunos compromisos del programa no se cumplieron exactamente como estaban previstos, pero sin que ello frene el desembolso. El organismo había exigido desde el inicio del acuerdo que el gobierno de Nayib Bukele redujera su exposición a la criptomoneda como condición para el financiamiento.

En esa línea, el FMI señaló que continuarán los esfuerzos para disminuir la participación del Estado en actividades relacionadas con Bitcoin y para reforzar la regulación y la gobernanza de los criptoactivos. Es decir, la hoja de ruta sigue apuntando a acotar el rol directo del sector público en la gestión y acumulación de la moneda.

El punto resulta llamativo porque El Salvador fue, en septiembre de 2021, el primer país del mundo en adoptar Bitcoin como moneda de curso legal. Esa decisión convirtió a la nación en un caso de estudio global y, al mismo tiempo, en un foco de tensión recurrente con el FMI, históricamente reacio a la exposición estatal a activos volátiles.

Una convivencia tensa entre Bukele y el organismo

El acuerdo con el FMI obligó al gobierno salvadoreño a introducir cambios en su marco legal. Entre ellos, la modificación del estatus de Bitcoin para que su aceptación por parte de los comercios dejara de ser obligatoria y pasara a ser voluntaria, además de limitar el uso de la criptomoneda en transacciones con el sector público.

Pese a esas concesiones, el Estado salvadoreño ha mantenido su estrategia de acumulación. El país sigue reportando compras periódicas de Bitcoin para su tesorería, lo que ha generado roces con las condiciones del programa y reavivado el debate sobre la transparencia de esas operaciones.

De hecho, la gestión de las reservas en la criptomoneda no ha estado exenta de cuestionamientos internos. Una organización de la sociedad civil llegó a advertir sobre riesgos de corrupción en la compra de bitcoin por parte del Estado, al señalar la falta de controles claros sobre cómo se ejecutan y custodian esos fondos públicos.

El contexto financiero detrás del desembolso

Para El Salvador, el financiamiento del FMI es una pieza central de su estrategia de estabilización macroeconómica. El programa EFF está diseñado para apuntalar las cuentas fiscales, mejorar el acceso del país a los mercados internacionales de crédito y ofrecer una señal de confianza a inversores y acreedores.

Cada revisión aprobada por el organismo funciona como un aval técnico: confirma que el gobierno avanza en las metas comprometidas, desde el equilibrio fiscal hasta la gobernanza del sector cripto. El desembolso de 138 millones de dólares, en ese sentido, opera como una validación parcial del rumbo económico que impulsa Bukele.

El equilibrio que busca el país no es sencillo. Por un lado, El Salvador quiere sostener su apuesta pública por Bitcoin, que se ha convertido en una marca distintiva de su gobierno a nivel internacional. Por otro, necesita el respaldo del FMI y de los mercados tradicionales, que miran con recelo la exposición estatal a un activo tan volátil.

Qué sigue para el programa salvadoreño

El organismo dejó en claro que el trabajo con El Salvador no termina con este desembolso. Las próximas revisiones seguirán evaluando el cumplimiento de los compromisos, con especial atención a la reducción de la participación estatal en el ecosistema de Bitcoin y al fortalecimiento del marco regulatorio para criptoactivos.

Para los observadores del sector, el caso salvadoreño funciona como un termómetro de hasta dónde puede llegar un Estado soberano en su integración con las criptomonedas sin perder el respaldo de las instituciones financieras tradicionales. La convivencia entre la estrategia Bitcoin de Bukele y las exigencias del FMI seguirá marcando la agenda económica del país en los próximos meses.