Abinader autoriza extradición de dos dominicanos a EE.UU. por narcotráfico y robo armado
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El presidente Luis Abinader firmó dos nuevos decretos de extradición que ordenan la entrega a Estados Unidos de los ciudadanos dominicanos Audry Rodríguez Paredes, alias Aguja o El Barbú, y Luichy Joel Sosa, acusados de narcotráfico, robo federal y posesión ilegal de armas. Los casos involucran dos jurisdicciones distintas y reflejan la continuidad de una política de cooperación judicial con Washington que el gobierno ha intensificado en los últimos meses.
Dos casos, dos jurisdicciones
Rodríguez Paredes, cuya extradición fue autorizada mediante el decreto 311-26, es requerido por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. Enfrenta cargos de asociación delictuosa para distribuir e importar cocaína, importación de cocaína y tentativa de importación de dicha sustancia controlada.
Según informaciones publicadas en abril por medios locales, el imputado habría aceptado de forma voluntaria su extradición, lo que agilizó el proceso ante las autoridades dominicanas.
Por su parte, Luichy Joel Sosa será entregado al Tribunal de Distrito para el Distrito Este de Pensilvania, conforme al decreto 312-26. Los cargos en su contra incluyen robo bajo la Ley Hobbs —una legislación federal estadounidense que penaliza el robo o la extorsión que afecten el comercio interestatal— así como uso, porte y posesión ilegal de armas de fuego y complicidad en esos delitos.
La Ley Hobbs: un cargo federal de peso
La Ley Hobbs es uno de los instrumentos más utilizados por la fiscalía federal de Estados Unidos para perseguir crímenes organizados con componente violento.
Su aplicación en el caso de Sosa sugiere que las autoridades estadounidenses lo vinculan a operaciones que trascendieron las fronteras estatales, lo que eleva la gravedad de los cargos y las posibles penas.
Un patrón que se consolida
Estas dos extradiciones se suman a las cuatro autorizadas apenas semanas atrás, el 14 de abril, mediante los decretos 240-26, 241-26, 242-26 y 243-26, cuando el Ejecutivo entregó a otros ciudadanos dominicanos reclamados por la justicia de Estados Unidos y Puerto Rico por delitos similares.
La política de extradiciones ha sido uno de los ejes de la agenda de seguridad del gobierno Abinader, que ha mantenido una estrecha coordinación con las autoridades federales estadounidenses en la persecución del narcotráfico y el crimen organizado transnacional. En lo que va de 2026, el ritmo de entregas ha aumentado de forma sostenida, consolidando a República Dominicana como uno de los países de la región con mayor disposición a cooperar con la justicia norteamericana.
Los decretos fueron emitidos en cumplimiento del tratado bilateral de extradición vigente entre ambos países y de la legislación dominicana aplicable en la materia.
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